FARN inició una acción de amparo contra el OPDS por falta de acceso a la información pública ambiental
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales se inició una acción de amparo contra el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia de Buenos Aires para obtener información pública ambiental sobre el estado actual de las áreas declaradas formalmente como reservas naturales, así como otras áreas valiosas para la conservación en territorio de la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR), y espacios naturales urbanos bonaerenses en general.
FARN solicitó información en varias ocasiones sobre la situación de estas áreas naturales sin haber obtenido respuesta alguna por parte de OPDS a los pedidos efectuados, pese a las obligaciones establecidas por legislación plenamente vigente a nivel nacional y provincial. La importancia de obtener información radica en que estos espacios naturales resultan ser áreas estratégicas que contribuyen no solo al saneamiento de la CMR, que es una manda judicial, sino también a la conservación de la biodiversidad del Conurbano Bonaerense y al bienestar general de su población, facilitando espacios con valor social, cultural, histórico, educativo y recreativo, dentro de un territorio altamente urbanizado y bajo un escenario de crisis ecológica y climática.
El amparo presentado por FARN está en manos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 12 de La Plata, debiendo el juez resolver sobre la falta de cumplimiento de la demandada a los deberes y obligaciones exigidas por la normativa vigente como autoridad ambiental provincial, incluyendo los mandatos establecidos en la causa “Mendoza” por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), al tratarse de una cuestión concerniente a la CMR.
Corresponde además destacar que a comienzos de este año entró en vigor el Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, ratificado por Argentina por Ley 27.566. Este tratado regional establece en cabeza de los distintos organismos estatales -a nivel nacional, provincial y municipal- la responsabilidad institucional de brindar información.
Por todos estos motivos, es imperioso que el OPDS asuma una conducta proactiva en torno a la entrega de información pública ambiental, a los efectos de responder de manera oportuna a lo que legalmente le es requerido.
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