Biodiversidad de la cuenca Matanza-Riachuelo's Journal

En estos dos últimos años en los que se renovaron las iniciativas legislativas por una ley nacional de presupuestos mínimos para la conservación de los humedales, se multiplicaron las amenazas a estos valiosos ecosistemas y las afectaciones a la biodiversidad, comunidades y pueblos que los habitan y utilizan. El fuego, la agroindustria, la ganadería intensiva, los negocios inmobiliarios y la mega-minería acrecientan día a día la degradación y pérdida de estos ambientes.

También se renovaron y multiplicaron a lo largo y ancho del país las acciones y movilizaciones ciudadanas con el reclamo de la urgente sanción de una Ley de Humedales. Conscientes de esta deuda histórica ambiental de Argentina, varios legisladores y legisladoras presentaron numerosos proyectos (quince entre ambas Cámaras), organizaron una serie de sesiones informativas y destinaron horas de trabajo y discusión para obtener un texto unificado que logró dictamen de mayoría en la Comisión de Recursos Naturales de Diputados en noviembre de 2020.

Un año después el texto quedó sin ser tratado por las restantes comisiones de la Cámara Baja. Cajonearon la Ley de Humedales una vez más. Los números de https://activaelcongreso.org reflejan la situación en Diputados: 82 se pronunciaron a favor, 12 en contra y 159 se abstuvieron. Ello, pese a que las dos principales coaliciones partidarias se pronunciaron en 2016 y 2021 a favor de la sanción de la ley.

A poco de finalizar el año legislativo 2021, con una nueva composición del Parlamento tras las recientes elecciones, y al no estar en el temario oficial de las sesiones extraordinarias convocadas por la Presidencia de la Nación, una vez más la Ley de Humedales vuelve al primer casillero.

En este escenario, como organizaciones socioambientales que venimos siguiendo este proceso, muchas desde hace más de una década, reiteramos a nuestras y nuestros representantes en el Congreso Nacional la demanda por la sanción de la Ley de Humedales. Necesitamos su compromiso y decisión política. Las presiones de los lobbies extractivistas no pueden ser más fuertes que las demandas populares. Los humedales son un bien común del pueblo. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Nuestra lucha continuará en este 2022.

https://www.leydehumedalesya.org/

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) se presentó como Amicus Curiae -Amigos del Tribunal- realizando su aporte ante el tribunal interviniente en una causa iniciada por un grupo vecinal para frenar la construcción de viviendas, en el marco del programa PRO.CRE.AR, en el predio en dónde venían trabajando para su preservación como “Reserva Natural Gregorio de Laferrere”, en la localidad de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, Buenos Aires.

En la acción de amparo presentada se solicitó que las demandadas: Municipio del Partido de La Matanza; A.A.B.E.; Programa de Crédito Argentino (PROCREAR.); Banco Hipotecario S.A.; Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), se abstengan de llevar a cabo el proyecto de construcción de las viviendas. Asimismo, solicitaron como medida cautelar la suspensión del llamado a concurso público, ya que encuentran vulnerados derechos constitucionales en materia ambiental y otros.

En este marco, a través de su presentación, FARN destacó la importancia de contar con una visión integral que garantice la protección del ecosistema que se estaría vulnerando, teniendo en cuenta criterios ecológicos, sociales, culturales y ambientales. Así pues, el análisis del caso se centró en la importancia de preservar el predio, el cual se encontraba catalogado como “zona a preservar” por medio de una ordenanza municipal por tratarse de un pulmón ecológico y reserva natural, en virtud de la escasez de espacios verdes que azota el partido de La Matanza en general.

Sin embargo, dicha protección adquirida fue modificada a partir de una nueva ordenanza municipal con la que se plantea una rezonificación urbana a fin de poder otorgar dicho predio al emprendimiento inmobiliario. La actual ordenanza es impugnada en la acción interpuesta por considerar que vulnera el derecho a un ambiente sano y equilibrado, así como también, los principios de no regresión, progresividad, preventivo y precautorio.

Además, se marcó que las demandadas cumplieron con sus facultades en cuanto a la realización de un correcto y adecuado proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y en arbitrar los medios necesarios para garantizar la participación ciudadana correspondiente con el fin de que la comunidad local pueda tomar conocimiento del proyecto, sus posibles impactos y expresar su opinión.

Ver: https://farn.org.ar/farn-se-presento-como-amicus-curiae-para-la-preservacion-del-predio-reserva-natural-de-gregorio-de-laferrere-en-la-provincia-de-buenos-aires/

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) expresa su profunda preocupación por la información que recibió de vecinos y vecinas de la localidad de Ciudad Evita, provincia de Buenos Aires, sobre el actual y continuo avance de máquinas en el humedal, bosque y pastizal asociado de Ciudad Evita, en parte protegido como Reserva Natural Municipal (Ordenanza Municipal Nº 24247/15.) El objetivo sería el de facilitar loteos y posteriores construcciones. Asimismo, se observan a diario intentos de tomas de terrenos, descarga de áridos, elevaciones de terreno, pavimentaciones, incendios y desmontes. Dichas actividades son realizadas por diferentes actores sin la intervención de la autoridad de control, y generan impactos negativos en el predio y su biodiversidad.

El grupo vecinal, con el que FARN colabora, viene reclamando continuamente ante los diversos avances detectados sobre la Reserva y alrededores. La zona se encuentra emplazada topográficamente en la planicie de inundación del Río Matanza, por lo que se trata de tierras de escasa altura y baja pendiente, sujetas a anegaciones recurrentes. En este sentido, la Reserva y su zona de influencia, constituye un humedal que ofrece un valioso patrimonio tanto natural como cultural que alberga ambientes pertenecientes a los paisajes naturales de la Cuenca Matanza Riachuelo.

Por estos motivos, FARN acompaña el reclamo de vecinas y vecinos por la protección efectiva de la Reserva, destaca que es importante que las autoridades competentes den seguimiento a las denuncias realizadas, den respuesta a los reclamos y se mantengan en comunicación con la comunidad y que intervengan conforme su competencia con acciones que detengan de inmediato las afectaciones que ponen en riesgo la integridad ecológica de los ambientes representados en este espacio natural matancero, incluyendo la sección protegida a nivel municipal.

Ver: https://farn.org.ar/farn-expreso-su-preocupacion-por-el-dano-ambiental-en-la-reserva-natural-de-ciudad-evita/

Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales se inició una acción de amparo contra el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia de Buenos Aires para obtener información pública ambiental sobre el estado actual de las áreas declaradas formalmente como reservas naturales, así como otras áreas valiosas para la conservación en territorio de la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR), y espacios naturales urbanos bonaerenses en general.

FARN solicitó información en varias ocasiones sobre la situación de estas áreas naturales sin haber obtenido respuesta alguna por parte de OPDS a los pedidos efectuados, pese a las obligaciones establecidas por legislación plenamente vigente a nivel nacional y provincial. La importancia de obtener información radica en que estos espacios naturales resultan ser áreas estratégicas que contribuyen no solo al saneamiento de la CMR, que es una manda judicial, sino también a la conservación de la biodiversidad del Conurbano Bonaerense y al bienestar general de su población, facilitando espacios con valor social, cultural, histórico, educativo y recreativo, dentro de un territorio altamente urbanizado y bajo un escenario de crisis ecológica y climática.

El amparo presentado por FARN está en manos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 12 de La Plata, debiendo el juez resolver sobre la falta de cumplimiento de la demandada a los deberes y obligaciones exigidas por la normativa vigente como autoridad ambiental provincial, incluyendo los mandatos establecidos en la causa “Mendoza” por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), al tratarse de una cuestión concerniente a la CMR.

Corresponde además destacar que a comienzos de este año entró en vigor el Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, ratificado por Argentina por Ley 27.566. Este tratado regional establece en cabeza de los distintos organismos estatales -a nivel nacional, provincial y municipal- la responsabilidad institucional de brindar información.

Por todos estos motivos, es imperioso que el OPDS asuma una conducta proactiva en torno a la entrega de información pública ambiental, a los efectos de responder de manera oportuna a lo que legalmente le es requerido.

Ver: https://farn.org.ar/farn-inicio-una-accion-de-amparo-contra-el-opds-por-falta-de-acceso-a-la-informacion-publica-ambiental/